Protección fiscal del medio ambiente

Posted on 7 septiembre 2013

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LA PROTECCIÓN FISCAL DEL MEDIO AMBIENTE. ASPECTOS ECONÓMICOS Y JURÍDICOS. Ana YÁBAR STERLING (Directora), Pedro Manuel HERRERA MOLINA (Coordinador) y varios autores más. Marcial Pons, Madrid, 2.002, 454págs. ISBN: 84-7248-930-2.

Ya en otras ocasiones hemos dado noticia, desde las páginas de esta misma Revista, del contenido de monografías aparecidas sobre lo que ha dado en llamarse Derecho tributario ambiental[1]. Esta vez, el libro que ha dirigido y prologado la profesora Yábar Sterling, trae su origen en el trabajo que un amplio colectivo de profesores llevó a cabo bajo la inicial dirección del querido profesor don Fernando Vicente-Arche Domingo, primero gracias a un proyecto de investigación multidisciplinar iniciado en la Universidad Complutense de Madrid y apoyado por el Ministerio de Educación, antes de que se celebrara la “Cumbre de la Tierra” y, posteriormente, merced a la ayuda del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda.

Como viene a señalarse en el prólogo, “uno de los mayores atractivos de la obra que tenemos entre las manos radica en la diversidad de la trayectoria profesional de sus autores: constitucionalistas, tributaristas, filósofos del Derecho, economistas y hacendistas, en sus diferentes aproximaciones a la protección del medio ambiente”. Por otra parte, el libro se inicia con el tratamiento de los problemas más generales y “de principio” -quien contamina paga- hasta alcanzar cuestiones más concretas y particulares tras el recorrido de los seis grandes apartados en que se divide la investigación.

El primer capítulo se refiere al medio ambiente como valor superior de la colectividad y del ordenamiento jurídico y consta, a su vez, de cuatro apartados en los que el objeto de estudio se considera desde una perspectiva multidisciplinar. Concretamente, en el primero, Aurelio de Prada García, Ana Yábar Sterling y Raúl Canosa, profesores de Filosofía del Derecho, Hacienda Pública y Derecho Constitucional de la UCM, respectivamente, se ocupan de los aspectos filosóficos, económicos y de cómo se incorporan los intereses ambientales en los diferentes ordenamientos jurídicos.

Luego seguirá el tratamiento de la temática ambiental en las doctrinas económicas del siglo XX, también correspondiente a la profesora Yábar, y una amplia consideración de la relevancia constitucional que tiene el tema abordado en el libro, donde el profesor Canosa hace referencia a una “Constitución Ambiental Española”, así como a los principios rectores y a la distribución de competencias en materia ambiental. El capítulo lo cierran dos aportaciones más sobre la dimensión internacional de la protección del medio ambiente: la primera de Pedro Manuel Herrera Molina, profesor de Derecho financiero y tributario de la UCM, referida a la tutela que se brinda por los Tratados comunitarios y la segunda, de la profesora Yábar, que efectúa una específica referencia a los Programas de Acción Ambiental adoptados por las Comunidades Europeas.

El segundo capítulo se detiene en los instrumentos jurídico-públicos de protección del medio ambiente y, salvo una breve consideración del principio “quien contamina paga” como criterio de justicia del tributo que lleva a cabo José Luis Pérez de Ayala, catedrático de la Universidad San Pablo-CEU, ha sido redactado por la profesora Yábar Sterling que, entre otras cuestiones, se refiere a la justificación teórico-aconómica de la aplicación de impuestos para luchar contra la contaminación, contraponiéndolos a los “controles directos” y se hace eco de la polémica entre el control de la contaminación ambiental, vía precios y el crontrol vía cantidades.

El núcleo central de los problemas analizados en la obra se concentra en los capítulos tercero y cuarto, dedicados a la protección tributaria del medio ambiente en España y en la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica.

Concretamente, la tributación de las actividades contaminantes en nuestro país es tratada por los profesores Ángel Baena Aguilar, José Andrés Rozas Valdés y Pablo Chico de la Cámara, todos de Derecho financiero pertenecientes, respectivamente, a las Universidades Autónoma de Barcelona, “Central” de la misma ciudad y a la Rey Juan Carlos de Madrid. El primero lleva a cabo un interesante estudio sobre los impuestos como categoría tributaria apta para la tutela ambiental, considerando supuestos concretos de imposición ecológica en el ámbito estatal, así como en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Luego sigue un tratamiento sobre las tasas y precios públicos y, finalmente, un apunte sobre la naturaleza jurídica y la valoración constitucional de las contribuciones especiales de carácter medioambiental.

Completan la observación del Derecho patrio las siempre bien encaminadas reflesiones del profesor Herrera Molina sobre los elementos cuantitativos de los tributos encaminados a proteger la naturaleza, así como del uso de beneficios fiscales en los tributos ordinarios para acometer esa misma finalidad, y una breve aportación de Carlos de Rosselló Moreno, profesor de Economía y Hacienda Pública, referida a la gestión de los tributos ambientales como los cánones autonómicos sobre recursos hídricos y del Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica creado en Galicia.

En el capítulo cuarto la profesora Yábar describe la situación de la fiscalidad ambiental en los principales países europeos, a excepción de Alemania que considera el profesor Herrera Molina. A ello siguen dos interesantes colaboraciones: la primera, del profesor Rozas Valdés, se refiere a las iniciativas financieras que para proteger el medio ambiente se han adoptado en los Estados Unidos, repasando las diversas categorías tributarias, así como los fondos públicos afectados, los sistemas de depósito-reembolso y los permisos de contaminación. La segunda, de Fernando Serrano Antón, profesor de Derecho financiero de la UCM, se ciñe al estudio del Impuesto comunitario sobre productos energéticos, detectando las muchas trabas y dificultades para que finalmente se implante este gravamen ecológico: “el recorte de competitividad, que puede no producirse si el establecimiento del impuesto toma como premisa la neutralidad fiscal, es decir, que el esfuerzo fiscal no aumente en su conjunto; la oposición de las organizaciones industriales; las reticencias de los países del sur de Europa; la necesaria unanimidad en el Consejo para adoptar medidas fiscales; y, la falta de conexión de los ingresos conseguidos con el fin que persigue el impuesto, hará que éste pierda ese carácter ecológico, al no estar claramente mostrada la relación entre el impuesto y los fines ecológicos, y no existir tampoco ninguna seguridad de que el ingreso tributario obtenido de dicho impuesto vaya a ser utilizado para proteger el medio ambiente”. Como concluye el autor, se puede dudar de la potencialidad para reducir el derroche de energía y no está demostrado que el establecimiento del mencionado tributo no vaya a generar distorsiones adicionales.

El contenido del quinto capítulo lo constituye un anexo de actualización elaborado por el profesor Herrera Molina, donde se ofrece al lector interesado información de algunas modificaciones normativas posteriores al cierre de la obra o que apenas habían podido mencionarse en el libro. Así se refiere a las siguientes cuestiones: 1.ª Capacidad económica, impacto ambiental y materia imponible reservada a los Entes Locales, que resulta de la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad del Impuesto Balear sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente; 2.ª El Impuesto sobre Actividades que inciden sobre el medio ambiente, regulado por la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; 3.ª El Impuesto Balear sobre Estancias en Empresas Turísticas de Alojamiento[2], creado por la Ley 7/2001, de 23 de abril; 4.ª Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente, de 3 de febrero de 2001 (94/C/72/03) y 5.ª Deducción por inversión en energías renovables en el Impuesto sobre Sociedades, resultado de la modificación que al artículo 35.4 de la Ley del impuesto introdujo la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Por último, el sexto capítulo está integrado por una amplísima relación bibliográfica que muestra el interés adquirido por la problemática ambiental desde el punto de vista científico. Ójala que ese interés pronto quedase en las estanterías del museo de la Historia, porque nunca más volviera a darse un daño tan espeluznante como el derivado del accidente del Prestige en noviembre pasado y la humanidad hubiera aprendido a disfrutar de los colores de la vida.


[1] Vid. los núms. 211/2000 (págs. 187-192) y 217/2001 (págs. 209-212) de esta Revista, donde recensionamos la obra de Pedro Manuel HERRERA MOLINA: Derecho tributario ambiental (Environmental Tax Law). La introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario y, después, la de Maía Ángeles GUERVÓS MAÍLLO: El Impuesto balear sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, ambos libros publicados por Marcial Pons en el año 2000.

[2] A propósito de dicho gravamen vid. el libro de Javier Lasarte, Ernesto Eseverri, Francisco Adame y Javier Martín: Turismo y financiación autonómica y local. (Comentarios sobre la llamada “ecotasa” y otras alternativas de financiación), publicado por la Editorial Comares, Granada, 2001, pudiendo verse una recensión nuestra del mismo en el núm. 230/2002 (págs. 220-223) de esta misma Revista.

Miguel Ángel Martínez Lago, 2003.

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