Aspectos tributarios de las Juntas de Compensación

Posted on 7 septiembre 2013

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Aspectos tributarios de las Juntas de Compensación. Javier Martín Fernández; Rafael D. Natera Hidalgo; Jesús Rodríguez Márquez; José Luis Villar Ezcurra. Aranzadi, Navarra, 2.002, 222 págs. ISBN: 84-8410-949-6.

Estamos ante un libro que puede considerarse como la cuarta edición de la obra que la Caja Rural de Córdoba publicó en 1996, bajo el título de Las juntas de compensación y su tratamiento fiscal, de estos tributaristas ligados con la Universidad de aquella ciudad, aunque, hoy por hoy, Javier Martín y Jesús Rodríguez desempeñen puestos docentes en las Universidades Complutense de Madrid y de Vigo, respectivamente. Rafael D. Natera es abogado e Inspector (excedente) de Hacienda del Estado. A la nueva edición publicada ahora por Aranzadi se suma la participación de José Luis Villar Ezcurra, también abogado y profesor titular de Derecho administrativo de la Complutense.

La obra se estructura en siete capítulos, precedidos de abreviaturas, prólogo e introducción y seguidos de un índice cronológico de disposiciones, así como de las referencias de la bibliografía citada, produciéndose una consideración conjunta del régimen impositivo de una actividad, cual es la de las juntas de compensación en la esfera del urbanismo que, según estima en el prólogo el profesor Albiñana, es el mejor ejemplo de la participación de determinados propietarios y de las empresas urbanizadoras sin eliminar la presencia de la Administración para la válida constitución y funcionamiento de aquéllas y que las dota de naturaleza administrativa a estas entidades urbanísticas colaboradoras.

Es sabido que la compensación —como también lo son la cooperación y la expropiación— es un sistema de actuación para la ejecución del planeamiento urbanístico que goza de gran predicamento porque, tradicionalmente, ha tenido beneficios fiscales en diferentes conceptos impositivos afectados por las operaciones que tienen lugar. Como señalan los propios autores, el fundamento de tales beneficios estaría en impedir que los tributos sean un obstáculo en la ejecución urbanizadora, por lo que la recaudación debe ceder ante otros fines de interés general.

El primer capítulo corresponde a Javier Martín y José Luis Villar Ezcurra, quienes, con carácter previo al estudio del sistema de compensación como forma de ejecución del planeamiento, consideran el cambiante marco normativo del urbanismo, consecuencia, entre otros factores, de la Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que vino a declarar la inconstitucionalidad de más de dos tercios del articulado del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, sentencia, que ha sido unánimemente contestada por la doctrina científica, y que ha determinado una composición compleja del ordenamiento urbanístico.

Después se estudia este sistema de actuación urbanística que elegirá libremente la Administración, suponiendo la agrupación de propietarios para que sean estos mismos quienes, a su costa, realicen cuantas operaciones sean inherentes a la ejecución del planeamiento (distribución de beneficios y cargas, urbanización, etc.). Y para ello se constituyen en junta de compensación, que tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, pudiendo ser de dos clases: A) Las que actúan como «fiduciarias» o en sustitución de los propietarios, y B) Las juntas a las que se ha transmitido la propiedad de los terrenos, con sujeción a lo establecido en los estatutos, bases de actuación y proyecto de compensación; temas estos últimos que junto a la propia responsabilidad de la junta y las obligaciones de sus miembros, completa el primer capítulo del libro.

Ya en el segundo capítulo, se parte de considerar a las juntas de compensación como sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. Aquéllas estarían sujetas por obligación personal, no siéndoles de aplicación la exención que el art. 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre prevé para los entes públicos, pero sí les afectarían los beneficios contenidos en el régimen especial de las entidades parcialmente exentas (arts. 133-135 de la misma Ley), por tratarse, según señala Martín Fernández, de instituciones sin ánimo de lucro, que ejecutan el planeamiento urbanístico en beneficio de la colectividad en general.

Tras un recorrido sobre el concepto de actividad económica, donde se estudian las interpretaciones dadas por la Administración y por algunos órganos jurisdiccionales, sistematizando las actividades que constituyen la finalidad específica de las juntas de compensación —ejecución de las obras de urbanización, adjudicación de terrenos expropiados, enajenación de terrenos y cesiones al Ayuntamiento respectivo—, se concluye que las rentas procedentes de las mismas están exentas en el Impuesto sobre Sociedades. El apartado termina con el análisis de los rendimientos derivados del patrimonio de estas juntas, los incrementos o ganancias patrimoniales exentos —derivados de adquisiciones o transmisiones lucrativas, obtenidos o realizados en cumplimiento de la finalidad específica de las juntas de compensación—, tratamiento de las rentas gravadas y obligación de declarar por parte de estas entidades.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados —objeto de estudio del capítulo tercero—, se encuentran exentas (excepto en el gravamen fijo de Actos Jurídicos Documentados) las transmisiones de terrenos realizadas como consecuencia de la aportación inicial a las juntas de compensación por los propietarios de la unidad de ejecución y las adjudicaciones de solares que se efectúen a los propietarios citados por las propias juntas, en proporción a los terrenos incorporados. La exención sólo alcanza a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, ya que existe un supuesto de no sujeción a operaciones societarias. Las juntas —en la aportación— y los socios —en la ulterior adjudicación— vendrán obligados a presentar una autoliquidación, haciendo constar el beneficio fiscal aplicable, junto a los documentos comprensivos de los hechos imponibles que, en su caso, se hayan realizado.

El capítulo cuarto se refiere a las juntas de compensación y el Impuesto sobre el Valor Añadido, gravamen que quizás sea en el que, por las características que presentan estas instituciones, mayores complejidades tengan lugar. El estudio de esta problemática se efectúa por Rafael D. Natera Hidalgo, quien analiza operación por operación y distingue en cada caso si ha habido o no aportación de los terrenos a la junta de compensación.

Primero se estudian los aspectos relacionados con la constitución de la junta e incorporación de sus miembros, encontrándose exentas las entregas de terrenos realizadas como aportación inicial por los propietarios (art. 20.Uno.21 Ley del IVA). Después se considera la expropiación a propietarios no integrados o incorporados a la junta de compensación, siendo ésta la beneficiaria de la superficie afectada. Respecto del IVA, el problema se refiere a la valoración de los terrenos a expropiar, determinando si existe o no un deber de incorporación a la junta y si nos encontramos ante operaciones sujetas que gozan o no de la exención prevista en el art. 20.Uno.20 Ley del IVA. En tercer lugar se tratan las obras de urbanización realizadas por los mismos propietarios del suelo incluidos en la unidad de ejecución, reflexionando sobre la relevancia de la fecha en que aquéllas comiencen, porque la ejecución de las obras sería un negocio sujeto y no exento del IVA, distinguiendo las heterogéneas situaciones cronológicas que se pueden presentar, según que la junta de compensación sea titular de los terrenos.

También se estudia la contribución a los gastos de urbanización, ya que para financiar su actividad, la junta de compensación recurre, normalmente, a sus miembros, exigiéndoles las correspondientes aportaciones en metálico y en proporción al valor de las parcelas que se adjudiquen en el proceso de compensación. Nuevamente se distingue entre juntas de compensación que no son propietarias de los terrenos y que actúan con meras facultades fiduciarias, por un lado, y juntas a las que se transmiten los terrenos, por otro. Con relación a ambos tipos se analizan las siguientes formas de contribuir o hacer efectivos los gastos de urbanización: 1.º) La junta acuerda unas derramas para hacer frente a dichos gastos; 2.º) Incorporación como miembro de la junta de la empresa urbanizadora a cambio de terrenos edificables; 3.º) Pago a la empresa urbanizadora con parcelas edificables que a tal fin se reserva la junta de compensación; 4.º) Acuerdo de la empresa urbanizadora con un miembro de la junta del pago de sus derramas a cambio de parte del terreno edificable que a éste le corresponda, y 5.º) La Administración cede a la junta de compensación en pago por los gastos de urbanización que está obligada a satisfacer, determinados metros cuadrados del aprovechamiento lucrativo que le corresponde.

La misma metodología se emplea para considerar las ventas o cesiones de terrenos, las expropiaciones de los mismos por la junta y las adjudicaciones tras la aprobación del proyecto de compensación. En relación con esto último, se analizan los siguientes casos de adjudicaciones de terrenos: a) a los propietarios originales en proporción a los terrenos aportados; b) en proporción inferior a los aportados; c) en proporción superior a los aportados; d) a propietarios de terrenos en sistemas generales; e) a empresas urbanizadoras en pago por las obras de urbanización; f) a empresas urbanizadoras como miembros de la junta; g) a la Administración, para viales, zonas verdes y dotacionales no edificables; h) a la Administración, tratándose de parcelas con aprovechamiento lucrativo procedentes de los excesos de aprovechamiento y parcelas dotacionales con edificabilidad; i) adjudicaciones a la Administración de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones, y j) adjudicaciones de fincas a la junta para financiar las obras de urbanización.

Finalmente se estudia la aplicación de la regla de prorrata, dada la existencia de operaciones sujetas y exentas en el IVA. También se considera cuándo se devenga el tributo en cada una de las operaciones realizadas por las juntas de compensación y sus miembros, así como la deducción del IVA soportado por las juntas de compensación.

Jesús Rodríguez Márquez considera los problemas que se presentan en los impuestos municipales, ya que las juntas de compensación serán sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles siempre que cumplan los requisitos establecidos por el art. 65 de la Ley de Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 28 de diciembre), siéndoles de aplicación la bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto, en su calidad de empresas urbanizadoras (art. 74 de la misma Ley). Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, estarían sujetas las actividades relacionadas con la redacción del proyecto de urbanización —siempre que se realicen directamente por la junta— y la venta a terceras personas de superficies y parcelas que la junta de compensación se hubiere reservado y de actividades encargadas por aquéllas. También se consideran los aspectos relacionados con los Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En el capítulo sexto del libro, el último autor citado estudia las repercusiones fiscales —en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades, según que el miembro de la junta sea una persona física o jurídica— que se producen para los miembros de las juntas de compensación, como consecuencia de las aportaciones de terrenos que efectúen a favor de las mismas. No resulta indiferente a dichos efectos la clase de junta que se constituya. En caso de que no se transmita la propiedad de los terrenos a aquélla, la operación no tiene, en principio, ninguna repercusión, frente al supuesto de transmisión de terrenos a la junta de compensación. El capítulo se estructura en tres apartados. Primero se analiza el tratamiento de las aportaciones de terrenos a la junta en el IRPF; después se hace lo mismo respecto del Impuesto sobre Sociedades y, por último, aparecen unas conclusiones en las que se pone de manifiesto la incoherencia del tratamiento de estas aportaciones, su falta de neutralidad y su excesivo gravamen, formulándose propuestas de lege ferenda. En concreto, las recomendaciones pasan por la introducción de una exención similar a la existente en el IIVTNU en los tributos que gravan la renta de los miembros de las juntas (IRPF e IS). De esta forma, el rendimiento o la ganancia obtenidos sólo se someterían a tributación si el sujeto pasivo transmite su cuota de participación o, en un momento posterior, las parcelas que le han sido adjudicadas.

En el último capítulo, sobre la contabilidad de las juntas de compensación, Rafael D. Natera se encarga de describir cada uno de los asientos contables reflejo de las situaciones siguientes: 1.ª Constitución de la junta; 2.ª Entregas de bienes y servicios realizados a la junta de compensación; 3.ª Financiación de la junta por sus miembros mediante cuotas de urbanización o derramas; 4.ª Incorporación a la junta de empresas de urbanización; 5.ª Expropiación a los propietarios que no se adhieran a la junta o incumplan sus obligaciones; 7.ª Adjudicaciones de fincas e indemnizaciones derivadas de la urbanización y compensación; 8.ª Adjudicaciones a empresas urbanizadoras o financiadoras; 9.ª Adjudicaciones a la Administración actuante por la junta titular de los terrenos, y 10.ª Adjudicación de parcelas resultantes a la junta para, con el importe de su venta, financiar las obras de urbanización.

Miguel Ángel Martínez Lago, 2002.

 

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