Fiscalidad del mecenazgo

Posted on 18 febrero 2012

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Fundaciones y Mecenazgo. Régimen fiscal. Perfecto Yebra Martul-Ortega (coordinador) y varios autores más. Editorial Comares, Granada, 2.001, 246 págs. ISBN: 84-8444-396-5.

Este libro reúne varias ponencias que se presentaron en un simposio internacional sobre fiscalidad, mecenazgo y promoción cultural, reflejando las diversas modalidades de intervención del Derecho tributario, según aparecen contempladas por nuestro ordenamiento jurídico y, también, por el de tres países muy cercanos: Francia, Italia y Portugal.

El primer capítulo corresponde al profesor Calvo Ortega, titulándose: «las fundaciones de exención plena y el principio de igualdad». En él se hace una superficial observación de los requisitos legales de dichas fundaciones, que aparecen establecidos en el Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. Siguiendo la sistematización de este autor tenemos: 1.º La irrevocabilidad de los actos de dotación, tanto en relación con el mecenas como con sus herederos; 2.º Realización de actividades de interés general; 3.º Ausencia de ánimo de lucro, y 4.º La actividad de control de la Administración que garantiza la legalidad en general y la adecuación a la ley en aspectos concretos. Estas circunstancias provocan una asimilación de las fundaciones con exención plena a las Administraciones públicas, paralelismo desde el que se encara, en segundo término, la igualdad tributaria entre unas y otras.

En el siguiente capítulo, el profesor López Díaz profundiza en los caracteres anteriormente señalados, representando su ponencia un interesante estudio sobre el régimen fiscal de las fundaciones. Al principio distingue entre lo que representarían requisitos esenciales para disfrutar de ese tratamiento especial tributario (arts. 42 y 43 de la Ley 30/1994) —cuyo incumplimiento provoca la pérdida automática de los beneficios fiscales— y los que no resultarían esenciales, por tener menor trascendencia y afectar a las obligaciones contables y domicilio fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

Al primer ámbito pertenecería, desde luego, esa misma circunstancia —carencia de finalidad lucrativa—, que no significa, como recuerda el autor, imposible obtención de beneficios, ya que entonces carecería de sentido la propia configuración de un régimen especial del Impuesto sobre Sociedades. La Ley 30/1994 presume que no tienen fines lucrativos las fundaciones inscritas en los Registros correspondientes, así como las asociaciones declaradas de utilidad pública. Aquella inscripción deviene en elemento necesario para el acceso y goce del tratamiento fiscal especial. Por otro lado, dos notas de carácter negativo delimitan también la ausencia de ánimo de lucro. Por un lado está el no ejercicio de actividades empresariales con carácter principal, puesto que en caso contrario, la ley entiende que no estamos ante una entidad en la que se produzca aquella circunstancia. Lo mismo acontecería si la fundación tuviese un marcado acento «familiar», lo que ha llevado al legislador a negar la ausencia de lucro si los asociados o fundadores y sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive, son los principales destinatarios de las actividades de la entidad o gozan de condiciones especiales para beneficiarse de los servicios que la misma preste.

Otros requisitos también esenciales son: 1.º Realización de actividades de interés general; 2.º Destinar, como mínimo, el setenta por ciento de sus rentas netas a la financiación de actividades de interés general, lo cual tiene, a juicio de López Díaz, el inconveniente de desincentivar la buena gestión e impide una capitalización de las fundaciones de cara a la realización de futuras inversiones; 3.º Acreditar la titularidad de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, nota ésta con la que se pretende evitar que bajo la cobertura de fundaciones se estén gestionando auténticas empresas; 4.º Rendir cuentas a la Administración; 5.º En caso de disolución, destinar su patrimonio a la realización de fines de interés general similares a los que venía realizando, y 6.º que los patronos o representantes legales ejerzan su cargo gratuitamente.

Después del examen de los requisitos para poder gozar de la exención en el Impuesto sobre Sociedades, se analiza el contenido de ésta (art. 48 Ley 30/1994), que abarca: 1) las cuotas satisfechas por los asociados; 2) las subvenciones públicas que se apliquen a la realización de explotaciones económicas; 3) los ingresos derivados de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los fines de la entidad, así como los incrementos derivados de transmisiones lucrativas que se realicen en el cumplimiento de sus fines, y 4) los ingresos obtenidos por medio de convenios de colaboración en actividades de interés general.

La ponencia más amplia del libro versa sobre el régimen fiscal del sponsor. En élla, el profesor García Novoa comienza observando la naturaleza de la figura, para determinar si estamos ante publicidad en el más puro sentido del término, o si se acerca más al mecenazgo, prevaleciendo entonces el interés general frente al económico particular del empresario que patrocina y se publicita. El autor recurre a varios criterios de diferenciación —subjetivo, por su finalidad y formal—, sin que ninguno resulte decisivo, puesto que como señala: sería una ingenuidad pensar en un mecenazgo exclusivamente altruista.

La segunda parte del trabajo se refiere al tratamiento fiscal de las aportaciones de patrocinio publicitario, deteniéndose el autor en la regulación de las modalidades de aportaciones que contiene la Ley General de Publicidad de 1988. Luego se encara el fenómeno de la esponsorización en su vertiente de mecenazgo, que es una actividad prevista por el art. 68 de la Ley 30/1994, a través del «convenio de colaboración en actividades de interés general». Como señala García Novoa, «el mecenazgo puede tener una coincidencia de objetivos con las fundaciones, pero esos objetivos se persiguen por entidades privadas con ánimo de lucro y colaborando con fundaciones ya existentes. Pero además, la esponsorización-mecenazgo se caracteriza por su componente publicitario, lo que significa que la empresa patrocinadora tiene interés en que su colaboración trascienda socialmente». Seguidamente se centra en el régimen jurídico de los convenios de colaboración en actividades de interés general, distinguiéndolos del patrocinio publicitario y se estudian sus elementos subjetivos y objetivo, valorando después los beneficios fiscales de esos convenios de participación. Por último se hace referencia al tratamiento de dichos convenios en el Impuesto sobre el Valor Añadido, donde se critica la vacilante doctrina de la Dirección General de Tributos, y se llega a otro ejemplo de mecenazgo previsto por el art. 70 de la Ley 30/1994: el desarrollo por las propias empresas de actividades de interés general.

El cuarto capítulo trata sobre la fiscalidad de los grandes eventos. En el mismo, el profesor Yebra Martul-Ortega realiza una larga introducción sobre el empleo de los tributos con fines no fiscales, o de política social y económica, siguiendo con el comentario de los conceptos de mecenazgo y patrocinio. Según señala el autor, el trabajo se ha hecho contando con la experiencia legal conocida, con la idea de desarrollar nuevas posibilidades fiscales, en un tratamiento sistemático y conjunto sobre esta clase de política fiscal que desemboca en lo que la doctrina llama «ley-incentivo», por la que el Estado provoca en interés colectivo una determinada actividad de los particulares, acompañada con una ventaja en su esfera jurídico patrimonial y a la que el particular se acoge libremente, con una permanencia en el tiempo indispensable para la estabilidad de la imposición perseguida y como elemento ineludible de una política de desarrollo.

En esta ponencia se efectúa un recorrido cronológico que tiene como punto de partida la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, llegando después a la normativa proyectada sobre acontecimientos sobradamente conocidos: Exposición Universal de Sevilla, V Centenario, Juegos Olímpicos, Madrid capital cultural, Cartuja, Año Santo Compostelano 1993 y 1999, etc. Al final de su estudio se pregunta el profesor Yebra si sería posible una legislación homogénea y sistemática en el tratamiento de los incentivos fiscales y no esta multiplicidad normativa para cada caso concreto. Como él mismo indica, la respuesta nos la da la realidad y no parece otra que negativa, quizás por la propia disparidad de objetivos, siendo inútil buscar alguna racionalidad.

A los anteriores trabajos siguen tres ponencias que nos ilustran sobre el estado de la cuestión en el Derecho comparado. Philippe Marchessou, profesor de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo escribe sobre el régimen fiscal de las fundaciones y del mecenazgo en Francia, valorando la actitud política del Estado francés, que ha pasado de un inicial talante hostil a la instauración de un régimen favorable a las donaciones efectuadas en el marco de la beneficencia. El trabajo consta de dos partes: en la primera se comenta el régimen fiscal de las estructuras del mecenazgo, tanto general (asociaciones), como específico (fundaciones y fundaciones de empresa), mientras que en la segunda parte se analiza el régimen fiscal de las donaciones de particulares y empresas, así como el fenómeno de la esponsorización.

De manera similar, para el caso italiano, está el trabajo de Adriano di Pietro, de la Universidad de Bolonia, en el que se parte de la constatación de lo difícil que resulta afirmar la existencia de un auténtico régimen fiscal propio del mecenazgo en Italia, ya que no ha sido posible conciliar los fines recaudatorios y las formas desinteresadas de financiación de las artes, la cultura y la ciencia. Primero considera el mecenazgo no reconocido como derogación del principio de capacidad contributiva y como beneficio fiscal de tipo estructural, por incidir sobre los elementos constitutivos del impuesto y sobre los principios en los que se basa. Luego pasa revista al papel del mecenazgo en la reforma tributaria de los años setenta y a la importancia que tiene treinta años después de aquella reforma, ya que el legislador manifiesta ahora un interés bastante más amplio y, sobre todo, orgánico y unitario por aquellos fines culturales, artísticos y científicos a los que entonces sólo se procuraba un reconocimiento parcial y contingente.

Por fin, el estudio de la fiscalidad y mecenazgo en Portugal, firmado por Antonio José Afonso Marcos de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, concluye la obra recensionada, analizando el Estatuto del Mecenazgo de 1999 que ha venido a suponer una cierta codificación de las medidas de promoción o incentivo de actividades mecénicas existentes con anterioridad, aunque éstas resultaban mucho más exiguas que en la normativa vigente actualmente, en la que aparecen diversos tipos de mecenazgo —estatal y fundacional, social, cultural, ambiental, científico y tecnológico, deportivo, educativo, asociativo y religioso—, cuyos principales rasgos se comentan en esta ponencia.

Miguel Ángel Martínez Lago, 2001.

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