Fiscalidad y nuevas tecnologías

Posted on 1 septiembre 2011

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Derecho Tributario e Informática. César García Novoa y Enrique Gómez-Reino Carnota (coordinadores) y varios autores más. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2.000, 264 págs. ISBN: 84-8442-148-1.

Uno de los aspectos que mejor denota el empuje del que la doctrina jurídico financiera española viene haciendo gala desde hace ya algún tiempo, está constituido por una casi perfecta adaptación al cambiante medio en el que posamos nuestra atención, fruto como es sabido de una velocísima legislación y también de una notable litigiosidad que propicia de interpretaciones dispares en ocasiones y hasta confrontadas, entre otras circunstancias.

No es raro ver ahora, cosa que hace años sí lo era, que ante un problema puntual, suscitado por tal o cual tribunal, o derivado quizás de una normativa reciente emanada dentro o fuera de nuestras fronteras, surjan de inmediato comentarios y estudios con alguna intención de profundidad. Antes de que el problema surja, si se permite la broma, o con corta diferencia desde que se suscitó, este o aquel otro comentarista habrá dejado su impronta con el sello de esta o aquella empresa editorial. Algo de eso tiene que ver, según creo, con la temática general abordada en esta obra, que proviene de un curso de verano celebrado en julio de 1.999 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, sobre «Nuevas Tecnologías y Fiscalidad». Ahora bien, los temas tratados exceden de una sola preocupación tributarista y alcanzan a algunas otras ramas jurídicas involucradas asimismo en el desarrollo técnico y científico, como son el Derecho administrativo, mercantil y constitucional.

Siguiendo el propio orden de las cuestiones abordadas y tras el prólogo de Perfecto Yebra Martul-Ortega, el primero de los diez capítulos corresponde a Juan Arrieta Martínez de Pisón, catedrático como aquél de Derecho financiero y tributario, quien bajo la genérica rúbrica que da nombre al libro, se preocupa, en primer lugar, de la normativa existente sobre intercambio, protección y reserva de datos automatizados, así como del régimen jurídico sobre utilización de la información reservada por parte de la Administración tributaria y, en concreto, de los límites a la cesión e intercambio de la información sobre los contribuyentes a los órganos jurisdiccionales. Por último, este autor aborda las garantías del contribuyente frente a la utilización de la información y el uso de las nuevas tecnologías por la Administración y los obligados tributarios y el derecho de éstos a conocer y rectificar los datos en poder de aquélla.

Después viene el trabajo de Carlos Ruiz Miguel, profesor titular de Derecho constitucional, sobre «Derechos constitucionales, fiscalidad e Internet: ¿necesidad de una reformulación de conceptos tradicionales?», en el que tras un breve excursus sobre el origen, naturaleza y aplicación de los derechos fundamentales ante diversos cambios técnicos, se preocupa por las posibles amenazas que pueden recibir los derechos constitucionales a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones debido, precisamente, a las nuevas tecnologías. Pero, como pone de relieve este autor, también proveen al ciudadano de potentes instrumentos para hacer frente al Fisco (v. gr.: ubicación del centro informático decisorio en un domicilio privado e, incluso, fuera del territorio nacional; aplicación de técnicas criptográficas, etc.).

Los «Aspectos jurídicos del comercio electrónico» son tratados por  Ángel Fernández-Albor Baltar, profesor de Derecho mercantil. En su trabajo se consideran tres grandes núcleos de cuestiones: En primer lugar, los rasgos básicos de la contratación electrónica —«uno de los temas que goza de una mayor actualidad en el ámbito del Derecho privado de obligaciones», según señala el propio autor—, calificada así por el empleo de medios de comunicación electrónicos y, más estrictamente, porque su conclusión (del contrato) se efectúa por medios telemáticos. En segundo término, la distinción entre comercio electrónico en ámbitos profesionales cerrados (E-bussiness) y en entornos generales abiertos (E-commerce), siendo esta última modalidad la que presenta importantes cuestiones jurídicas que son atendidas en el estudio: presupuestos de la contratación en la red; régimen general, oferta contractual y aceptación de la misma y forma del contrato celebrado en el ámbito de Internet, así como cuanto concierne a la ejecución del contrato (obligación de suministro del bien, pago del precio, desistimiento contractual). Finalmente, se plantea algunas cuestiones relacionadas con la protección de las transacciones en redes abiertas, como son el control de la autenticidad de declaraciones emitidas, seguridad de los pagos y protección de la intimidad de los partícipes en las operaciones.

Algo más específicos son los temas que se tratan en las colaboraciones siguientes. Así, Ramón Casero Barrón, abogado, se centra en «El comercio electrónico y la tributación internacional», dando cuenta de los trabajos llevados a cabo en el seno de la OCDE y de la discusión sobre el concepto de establecimiento permanente, la reforma de los comentarios del Modelo de Convenio acerca de los pagos por cesión de software y los trabajos sobre precios de transferencia.

Antonio Vázquez del Rey Villanueva, profesor adjunto de la Universidad de Navarra, pasa revista a los «Convenios de doble imposición y rentas derivadas de los programas de ordenador», porque según él mismo señala, en un proceso de acentuada internacionalización económica, el relieve y las consecuencias jurídicas primeras de la caracterización de las rentas de los programas de ordenador haya que buscarlos fuera de la norma interna, desplegando una virtualidad inicial sobre la propia extensión del poder tributario del Estado. El autor pone de manifiesto, también, la divergencia que se produce entre los Convenios suscritos por España —que optan por un reparto de la potestad de gravamen entre el Estado de residencia y el de la fuente (posición que se justifica tradicionalmente por la condición de España como Estado importador de tecnología)— y el Modelo de Convenio de la OCDE (art. 12.1) que atribuye dicha competencia exclusivamente al Estado de residencia. Al final de su aportación en este libro se analizan las propuestas de modificación de varios párrafos de los comentarios al citado precepto del Modelo de Convenio.

Abre la lista de trabajos de profesores de Derecho financiero de la Universidad de Santiago el de Juan José Nieto Montero sobre el «Régimen fiscal de la creación e inversión en nuevas tecnologías», que se detiene, por este orden, en el concepto de las actividades de investigación y desarrollo, así como el tratamiento de las mismas en los Impuestos sobre Sociedades, Renta de Personas Físicas y Renta de No Residentes.

De la «Fiscalidad de las telecomunicaciones» se ocupa César García Novoa, considerando en primer término los servicios de telefonía y después los de radio y televisión. En el primer ámbito se hace referencia al nuevo marco regulador contenido en la Ley 11/1998, de 2 de abril, General de Telecomunicaciones, que ha favorecido el tránsito de un régimen de licencia en la prestación del servicio telefónico a otro de libre concurrencia, estudiando seguidamente los tributos vinculados a las entidades que prestan dicho servicio —con la aún no concluida liberalización de las telecomunicaciones, se ha pasado de los antiguos contratos entre la CTNE y el Estado a que dicha compañía opere como una sociedad anónima más, titular de una licencia como otras, aunque con una clara y ventajosa posición dominante en el mercado—, como son el Impuesto sobre Sociedades, IVA y el ITPAJD además de las tasas exigidas por la utilización del espacio radioeléctrico (por autorizaciones, numeración y reserva del mismo) que recauda el Ministerio de Fomento y otra tasa por telecomunicaciones que aplica la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Después se menciona la sujeción al régimen tarifario[1] de los usuarios de la telefonía y se concede una atención particular al IVA por tratarse, la prestación de servicios telefónicos, del arquetipo de servicio de telecomunicaciones gravado en dicho impuesto, algo que no ha sido desatendido tampoco por las autoridades comunitarias ni por Estados miembros de la Unión Europea en cuanto a la determinación de la localización de aquellos servicios. Respecto de los servicios de radio y televisión se estudia, con relación al Impuesto sobre Sociedades, IVA y gravámenes locales (IBI e ICIO, el régimen fiscal del Ente público RTVE, Televisiones autonómicas y de las sociedades que prestan el servicio de televisión.

Luz María Ruibal Pereira estudia «La aplicación de la informática en el procedimiento actual de gestión tributaria: especial referencia a las liquidaciones paralelas». El trabajo pasa revista al concepto de las «paralelas» —liquidaciones practicadas «… con medios informáticos y donde se consignan en columnas paralelas la autoliquidación formulada por el contribuyente y la liquidación que formula la Administración, con indicación por medio de asteriscos de los puntos donde se encuentra la disconformidad con  aquélla y remisión por medio de los mismos a unas casillas donde se señalan genéricamente los motivos de la disconformidad» (STSJ Castilla-La Mancha, 31-julio-1998)—, examina después su naturaleza jurídica —aquí la autora se decanta por negar que sean un verdadero acto de liquidación, concibiéndolas como una operación previa que puede dar lugar a un tipo concreto de liquidación provisional de oficio— y, finalmente, se detiene en el estudio de estas «liquidaciones» en el marco del art. 123 LGT, órgano competente para dictarlas, necesidad de que se motiven y otorgamiento de un plazo de alegaciones previo a la práctica de la liquidación.

Cierra el libro la aportación de Antonio López Díaz sobre «Fiscalidad del comercio electrónico: principios del Derecho Comunitario», que representa un comentario del contenido de la Comunicación de la Comisión Europea sobre «Comercio Electrónico y Fiscalidad Indirecta»[2] aprobada en junio de 1998, cuyo objeto fue preparar la contribución de la Unión Europea y los Estados miembros en la Conferencia de la OCDE celebrada en Ottawa en octubre de ese mismo año.

Miguel Ángel Martínez Lago, 2000.


[1] Precisamente, «El régimen tarifario en la nueva Ley General de Telecomunicaciones» es estudiado en esta misma obra por Enrique Gómez-Reino y Carnota, catedrático de Derecho administrativo, que en primer lugar considera el papel de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en relación con dicho régimen y distingue entre las tarifas aplicables antes y después de la Ley 11/1998, de 24 de abril. Por último se refiere a la fijación de precios en el período transitorio a la plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

[2] Comunicación COM (98) 374 final, de la Comisión al Consejo de Ministros, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, fechada a 17 de junio de 1998. Publicada en la Rev. Quincena Fiscal, núm. 18, octubre de 1998, págs. 49 y sigs. También puede consultarse en línea, en el servidor de la Unión Europea: http://europa.eu.int/comm/dgs/ .

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