Inspección de Hacienda

Posted on 28 junio 2011

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La Inspección de Hacienda (problemas y soluciones). José Miguel Peña Garbín. 2.ª edición, Editorial Praxis, Barcelona, 1999, 370 págs.

Peña Garbín es inspector de Hacienda y autor de esta obra que en su primera edición, publicada en 1.995, llevó el título de «Todo sobre la Inspección de Hacienda». Que estamos ante un perfecto conocedor del tema sobre el que escribe constituye, desde luego, la primera característica de este libro que de seguro satisfará las expectativas que sobre el mismo pongan quienes se acerquen a su lectura. Sobre el método seguido, decía su autor en el prólogo de la primera edición: «para el lector no experto, cada capítulo contiene una breve introducción y se acompaña de numerosos ejemplos y referencias prácticas que facilitan su comprensión. Para los profesionales, en cada materia conflictiva se recogen los criterios de la Administración e innumerables sentencias siempre útiles para el asesoramiento o defensa del contribuyente». El resultado de la nueva obra revisada, actualizada y ampliada «no aspira a un lugar en el mundo de la doctrina y la erudición, sino algo mucho más ambicioso: ser útil al lector, ya sea para satisfacer la curiosidad del profano y, sobre todo, para ser utilizada habitualmente en el trabajo de los profesionales».

El libro consta de once capítulos, dedicados al tratamiento de los siguientes problemas: 1. Los derechos y garantías del contribuyente. 2. Conceptos básicos: el pago y la prescripción. 3. Intereses de demora, recargos y declaraciones fuera de plazo. 4. Devoluciones y requerimientos de la Administración tributaria. 5. La inspección de los tributos y las obligaciones de información. 6. Desarrollo de una inspección tributaria. 7. Anomalías contables y estimación indirecta. 8. Las pruebas ante la Inspección. 9. Terminación de las inspecciones: los plazos y las actas. 10. Infracciones, sanciones y delito fiscal, y 11. Recursos contra los actos de la Inspección. Varios de los citados temas ya habían merecido la atención de Peña Garbín desde las páginas de esta misma Revista y también de otras de la especialidad [Publicadas en esta Revista de Contabilidad y Tributación, pueden citarse los siguientes trabajos: «La nueva graduación de las sanciones tributarias» (núm. 188, 1998, págs. 35-54); «Los efectos del Estatuto del contribuyente sobre la inspección de los tributos» (núm. 182, 1998, págs. 83-110); «Problemas actuales y futuros de la prescripción tributaria» (núm. 170, 1997, págs. 41-56); «Gravamen de los elementos ocultos en contabilidad» (núm. 160, 1996, págs. 21-30); «Reforma de la Ley General Tributaria: las nuevas sanciones tributarias y los problemas transitorios en su aplicación» (núm. 149, 1995, págs. 77-94); «Recargos sobre los ingresos realizados fuera del plazo: situación actual y futura» (núm. 144, 1995, págs. 39-48, y «Estimación Objetiva Singular: ventajas e inconvenientes» (núm. 67, 1988, págs. 5-15)].

En el primer capítulo se limita a recoger una genérica valoración de los derechos y garantías reconocidos expresamente por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías del Contribuyente, que tienen relación con la Inspección de Hacienda (información y asistencia al contribuyente, valoración de bienes, acuerdos con la Administración, derecho a la devolución con intereses de demora y derechos generales ante la Administración Tributaria). Entre los grandes principios que dicha norma enuncia —y que a juicio de Peña Garbín tienen una importancia relativa, pues habrá que estar a lo que se concreta en las normas legales o reglamentarias—, el de «eficacia y limitación de costes indirectos…» puede tener muy amplias y distintas lecturas en un procedimiento inspector muy regulado, burocratizado y con muchas cargas para el contribuyente.

El segundo capítulo se centra en los distintos plazos existentes para pagar los tributos y en las posibilidades que tiene para solicitar su aplazamiento o su compensación con créditos que tenga el contribuyente frente a la Administración. También se estudian los requisitos de toda liquidación tributaria y los problemas relacionados con la prescripción, por tratarse de conceptos básicos para comprender las normas que regulan la gestión, inspección y recaudación de los tributos. Destacamos el análisis que el autor lleva a cabo de los requisitos de las notificaciones administrativas y e los defectos que pueden producirse en las mismas, con abundante referencia jurisprudencial de los casos en que se anulan y de los defectos no invalidantes de la notificación. También merecen resaltarse los problemas que la reducción de la prescripción a cuatro años puede presentar a la Inspección. Peña Garbín alude a las actuaciones inspectoras que afecten a derechos que tengan un mayor plazo para ejercerse (v. gr.: compensación de pérdidas en el Impuesto sobre Sociedades) y a la prescripción de los delitos fiscales. En su opinión, si la Inspección conociera hechos de los que pudiera derivarse algún delito, aunque hayan transcurrido los cuatro años tendrá que ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial para que, en su caso, se inicien las actuaciones que interrumpan la prescripción penal. El tema no es pacífico y admite diversidad de opiniones. En sede judicial, el Auto de 25 de noviembre de 1999 del Juzgado número 6 de Mataró se inclina por aceptar la eficacia penal del plazo de prescripción tributaria, así como de aplicar retroactivamente cualquier norma tributaria que resulte más favorable para el interesado, por el carácter de ley penal en blanco que reviste el delito fiscal. Sin embargo, el Auto de 21 de octubre de 1999 de la Audiencia Provincial de Barcelona niega trascendencia penal a la rebaja del plazo de prescripción tributaria. Aunque con argumentos distintos, también ha optado por otorgar relevancia en el ámbito penal al plazo de cuatro años de prescripción fiscal el Acuerdo de 10 de noviembre de 1999 de la Audiencia Nacional, que viene a considerar como si fuese una condición objetiva de punibilidad a la existencia de una obligación tributaria [Todos estos pronunciamientos judiciales pueden verse en la Revista Quincena Fiscal, núm. 21, 1999, págs. 23-29].

Ya en el capítulo tercero, se analizan los intereses de demora y recargos procedentes para incumplimiento de los plazos de declaración e ingreso, incluyendo todas las distintas situaciones que pueden darse y sacando conclusiones y recomendaciones prácticas para el contribuyente.

En el capítulo cuarto se pasa revista a las clases de requerimientos que el contribuyente puede recibir de la Administración tributaria (simples cartas o comunicaciones con exclusivo valor informativo, requerimientos encaminados a comprobar o investigar y que pueden tener un muy variado alance, notificación de las liquidaciones efectuadas con comunicación de los plazos de ingreso y recursos, comunicaciones dirigidas a cobrar el importe de una deuda previamente liquidada, notificada y no pagada voluntariamente y requerimientos para suministro de información de terceros), centrándose en las actuaciones de comprobación y liquidación que realizan los órganos de gestión tributaria (liquidaciones «paralelas», comprobaciones abreviadas, control de devoluciones de IVA, IRPF…), considerando que el mayor problema práctico está en el rigor y suficiencia de las pruebas que deben apoyar toda liquidación administrativa. Si no pueden «investigar» sobre operaciones relativas a actividades empresariales y profesionales, y tampoco pueden requerir a terceros para que les aporten las pruebas pertinentes, difícil les será hacerse con los «elementos de prueba» a que se refiere el art. 123.1 LGT. De aquí la recomendación de que la Agencia Tributaria debería replantearse el número y objetivos de estas comprobaciones abreviadas, limitando las liquidaciones de los órganos gestores a las que resulten de las propias declaraciones del contribuyente o por falta de aportación de justificantes de datos declarados, dejando a los órganos inspectores todo aquello que suponga búsqueda de otras pruebas que no estén ya en poder de la Administración o las niegue el interesado.

A partir del capítulo quinto se entra de lleno en el concepto más estricto de la Inspección dentro de la Administración tributaria, empezando con una breve referencia a su organización y personal, examen pormenorizado de la problemática que presentan los planes de inspección —donde se aborda el hipotético «derecho a ser inspeccionado»—, las denuncias ante la Hacienda, derechos y deberes frente a la Inspección, las valoraciones realizadas por ésta de bienes, derechos, rentas y patrimonios cuando la Ley del impuesto correspondiente se remite al valor de mercado, real o comprobado; el secreto de la información tributaria, requisitos y límites a la obligación de atender los requerimientos de información y la investigación d cuentas bancarias. El capítulo se cierra con unos comentarios prácticos sobre el deber de informar.

El que sigue en número estudia las normas que regulan el desarrollo de una inspección tributaria, entendida como un conjunto de actuaciones encaminadas a comprobar lo declarado por el contribuyente, investigar lo no declarado y practicar las liquidaciones oportunas. Como pone de manifiesto el autor: para el contribuyente, el interés del procedimiento está en que el incumplimiento de esas normas por la Inspección puede determinar la anulación de las actuaciones y liquidaciones practicadas, siempre que se recurra y así lo acuerden los órganos y Tribunales competentes. Entre los temas tratados en este capítulo sexto están el inicio de las actuaciones; personas obligadas a atender a los inspectores actuarios; la posición del representante legal, voluntario y del asesor fiscal en el procedimiento; lugar de las actuaciones y facultades de la Inspección; examen de la contabilidad, inviolabilidad del domicilio, documentos de la Inspección y resistencia a sus actuaciones, medidas cautelares y cambio del personal inspector por abstención o recusación.

El capítulo séptimo se refiere a las anomalías sustanciales en la contabilidad del sujeto inspeccionado y analiza el régimen de estimación indirecta. Ambas situaciones concebidas como generadoras de cierta inseguridad y riesgo para el contribuyente por quedar expuesto al arbitrio de los cálculos y estimaciones realizadas por la inspección, aunque pueda manifestar su disconformidad y recurrir las liquidaciones practicadas. Como propone el autor, la Inspección debería agotar antes todas las posibilidades que le brindan los otros métodos de determinación de la base imponible, empezando por flexibilizar los requisitos formales para admitir gastos o inversiones. A su juicio habría que ir hacia una reforma que admitiese claramente la tasación pericial contradictoria en los supuestos de estimación indirecta, o la vuelta a un sistema «parecido» a los jurados tributarios, o permitir acuerdos de valoración una vez que interviene la Inspección.

En el capítulo octavo se aborda todo lo relacionado con la prueba, cuándo y a quién corresponde probar los hechos, medios de prueba y pruebas ilícitas obtenidas, valor probatorio de las declaraciones tributarias, así como de las actas y diligencias de la Inspección. También se estudian los casos más frecuentes de presunciones legales y de prueba por indicios, para terminar refiriéndose a los precedentes administrativos, consultas tributarias y a la problemática planteada con las vulgarmente conocidas como operaciones d «ingeniería fiscal» (simulación, fraude de ley, negocios indirectos…).

A la terminación de las actuaciones inspectoras, plazos y régimen jurídico de las actas y sus clases se dedica el capítulo noveno, con numerosos ejemplos y comentarios prácticos. Los dos últimos capítulos suponen un minucioso estudio de las infracciones y sanciones tributarias, así como del delito fiscal y, por último, de los procedimientos de revisión de oficio, devolución de ingresos indebidos y revisión por medio de los recursos interpuestos contra los actos de la Inspección.

Miguel Ángel Martínez Lago, 27/12/1999

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